Así recuerda Dionicia Calderón, campesina de Ayacucho, el día en que la esterilizaron sin su consentimiento

Es una de las 4172 personas que, según el expediente, fueron sometidas a ligaduras de trompas o vasectomías forzadas durante el gobierno de Alberto Fujimori, como parte de un programa estatal entre 1996 y 2000.

Ahora la Fiscalía peruana archivó sus casos. La razón no es que falten pruebas: se reconocieron elementos para investigar a 52 personas, pero se aplicó la Ley 32107, promovida por el fujimorismo, que declara prescritos los crímenes de lesa humanidad cometidos antes de julio de 2002. Entre los imputados estaban exministros de Fujimori, incluido el actual senador Alejandro Aguinaga.

Las víctimas recibieron la noticia como «un balde de agua helada» y llevarán el caso al sistema interamericano, que en 2025 ya condenó a Perú por estas esterilizaciones. Cuando una ley borra crímenes de Estado, la impunidad deja de ser una excepción y se vuelve política.