Frei niega que su gobierno ayudara a Pinochet a fingir demencia para salvarse de la justicia.

Las víctimas de la Caravana de la Muerte siguen preguntando quién lo protegió.
La querella: en mayo de 2025, familiares de víctimas de la Caravana de la Muerte, representados por la abogada Karinna Fernández, se querellaron por encubrimiento de crímenes de lesa humanidad y sustracción de documentos públicos. La acción apunta a los agentes del Estado del gobierno de Frei que, según el escrito, se coordinaron al más alto nivel político para sacar a Pinochet del alcance de la justicia internacional entre 1999 y 2000, mientras estaba detenido en Londres y España pedía su extradición. No nombra imputados: lo que busca es establecer quiénes fueron responsables, que declaren las autoridades de la época, como el excanciller José Miguel Insulza, y que el Estado y el Ejército entreguen los archivos.
Por qué declaró Frei: la querella nace del libro Calle Londres 38, de Philippe Sands. Ahí, su exasesor Cristián Toloza afirmó que existía un documento de unas diez páginas que indicaba cómo debía fingir Pinochet que estaba deprimido. A pedido de la abogada, la ministra en visita Paola Plaza, de la Corte de Apelaciones de Santiago, le envió ocho preguntas, que Frei respondió por escrito en enero. Su respuesta central: «Es falso que en mi gobierno se elaborara o solicitara crear un documento en el que se dieran instrucciones sobre cómo el señor Pinochet debía simular una enfermedad mental. Yo jamás me habría prestado para un hecho de esa naturaleza». También negó haber hablado con el presidente de la Corte Suprema de la época, Roberto Dávila, y dijo desconocer un supuesto documento firmado por Pinochet sobre la Caravana de la Muerte. BioBioChile Investiga revisó la carpeta de la causa.
El testigo que se desdijo: en marzo, ante el tribunal, Toloza dijo que solo supo de «una especie de guion» por la prensa.
Precisión que importa: Frei respondió como expresidente; no está imputado ni acusado, y nada de esto es una condena. El 29 de abril, la ministra Plaza se declaró incompetente para investigar el encubrimiento y lo remitió al 34° Juzgado del Crimen de Santiago; ella mantiene una indagatoria aparte por sustracción de documentos.
Contexto: Pinochet volvió a Chile en marzo de 2000 tras 503 días detenido en Londres, con el argumento de su salud, y nunca fue juzgado en Chile por los crímenes de la dictadura.
✍️ La dictadura dejó a las víctimas sin juicio; hoy la verdad sobre cómo se evitó pide pruebas, no sospechas ni absoluciones anticipadas. ¿Basta un testigo que se desdice para cerrar la pregunta?