Cuidar la naturaleza sale cada vez más barato... porque se gasta cada vez menos.
Según un informe de la Fundación Terram, el Estado chileno gasta hoy US$1,31 por hectárea de área protegida terrestre. En 2017 eran US$2,30: una caída real de 43%. Chile queda bajo el promedio regional, de US$1,95 por hectárea, y lejos de los US$6 que Terram propone como meta. Mientras tanto, las hectáreas protegidas aumentan: más parques y reservas, menos plata para cuidarlos.
Lo que destacamos es quién paga la diferencia. Más de la mitad del financiamiento de las áreas protegidas viene de ingresos propios, como la venta de entradas y las concesiones, y no del Fisco. El aporte fiscal cubre apenas 61% del gasto en personal, y para 2027 se proyecta que baje a 55,9%. Es un modelo expuesto a lo que pase con los visitantes, a la pandemia y al cierre de parques por incendios forestales. Resultado: hoy hay un guardaparque cada 37.200 hectáreas, cuando la recomendación internacional es uno cada 2.600.
El recorte llega justo cuando nace el nuevo Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP), que reemplaza a Conaf en la administración de las áreas protegidas. Dipres calculó en 2022 que necesitaría $43.900 millones en 2027; el proyecto de Presupuesto 2027 contempla $22.304 millones, un déficit de unos $21 mil millones. Para 2026 ya se aprobaron $18 mil millones, más de $17 mil millones menos de lo estimado, y se atrasó el traspaso de profesionales desde Conaf. El informe también recuerda que el gasto público ambiental de Chile fue 0,1% del PIB entre 2012 y 2021, frente a 0,6% del promedio OCDE.
Datos de El Desconcierto, a partir del informe «Emergencia en el Financiamiento Público para Áreas Protegidas Terrestres en Chile», de Terram.
🔗 https://eldesconcierto.cl/medio-ambiente/el-presupuesto-hectarea-naturaleza-protegida-chile-cayo-43-2017-alerta-informe-n5463887
✍️ Se anuncian metas de conservación y se inauguran servicios, pero el presupuesto es lo que dice qué se protege de verdad. Con el Presupuesto 2027 en discusión en el Congreso, ¿quién va a pagar el cuidado de la naturaleza: el Estado o los turistas que compran la entrada?